MEDIACIÓN Y DERECHO ( I) MEDIACIÓN PENAL

Esta semana tuvieron lugar en el Campus “La Merced” de la Universidad de Murcia, las IV Jornadas de Mediación. Los actos estuvieron presididos por las máximas autoridades en la materia, y destacó la calidad de las ponencias, los contenidos y la organización.

En ellas se habló y mucho, de Mediación y Derecho, abordando cuestiones de plena actualidad jurídica.

Durante la Segunda Jornada se profundizó en  temas como ” las Leyes como impulso de la mediación , Código Penal, Custodia Compartida, Ley de Justicia Gratuita,  El menor en la Mediación, Derecho Colaborativo y Normas de convivencia”

La Mesa Redonda estuvo integrada por: Pedro Martínez Pertusa,( Decano del Colegio Notarial de Murcia), Carmen Lineros Quintero ( Abogada especialista en Mediación Civil y Mercantil), Jose Miguel Hurtado López ( Decano del Colegio de Procuradores de la Región de Murcia), Elena de Jorge, ( en representación del Observatorio de Convivencia CARM) y Miriam Guardiola Salmerón ( Abogada Especialista en Derecho Civil y Penal . Mediadora, una servidora).

Por lo que se refiere a mi intervención, dada la extensión y heterogeneidad del tema, la estructuraré para una mejor sistemática en cuatro partes, centrándome en esta primera entrada  en mediación penal:

1.Mediación en Derecho Penal y en concreto tras la reforma operada en el CP por la Ley 1/2015, que entró en vigor el 1 de Julio de este mismo año ( 2015).

2. Mediación familiar y custodia compartida. Nuevas políticas legislativas y tendencias jurisprudenciales en materia de custodia compartida.

3.Asistencia Jurídica gratuita y Mediación.

4. Menores y Mediación.

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Durante la intervención de las Jornadas de Mediación:  de izquierda a derecha: Elena de Jorge, Pedro Martínez Pertusa, Jose Miguel Hurado ( moderando la mesa), Miriam Guardiola y Carmen Lineros Quintero.

  1. Mediación en Derecho Penal y en concreto tras la reforma operada en el CP  por la Ley 1/2015.

La entrada en vigor el pasado 1 de Julio de este año, de la Ley 1 /2015, por la que se reforma el Código Penal, ha supuesto un auténtico hito en materia de mediación y más concretamente en materia de mediación penal , al hablar por primera vez de manera expresa  de ” mediación” en el ámbito penal de adultos.

Con anterioridad, existía un vacío legislativo en esta materia, pues carecíamos de una regulación positiva que aludiera a la institución de la mediación. NO contábamos con antecedentes históricos que en materia penal hiciera referencia a esta figura.

La cuestión, pues, merece ser analizada.

Efectivamente, ya la Exposición de Motivos, de la Ley 1 /2015 establecía que “ el tradicional régimen de sustitución de la pena pasaría a ser regulado como una modalidad de suspensión en la que el Juez o Tribunal podría acordar la imposición  ( como sustitutivo) de una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la conversión no se produciría de forma automática, sino que se ofrecería a jueces o tribunales la posibilidad de moderar su importe dentro de ciertos límites. Asimismo, se introduce como posible condición de la suspensión el cumplimiento de lo acordado entre las partes tras un proceso de mediación, en los casos en que legalmente sea posible”

Y esto viene a ratificarlo el artículo 84 del CP, que tras dicha reforma, señala que ” El Juez o Tribunal también podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas . 1º el cumplimiento del acuerdo alcanzado por las partes en virtud de mediación.”

Por primera vez se habla, repetimos, de mediación en el ámbito penal de mayores  ( recodemos que sí se hablaba de mediación penal para menores, de justicia restaurativa, de atenuación de la pena por resarcimiento de daños a la víctima, y de proyectos pilotos impulsados por el Consejo General del Poder Judicial, e implantado en la mayor parte de las CCAA con notable éxito).

Supone ,pues, esta nueva reforma del CP, un impulso favorable para la mediación penal, pero es definitivamente INSUFICIENTE, como señalaremos al final en nuestro análisis crítico, y definitivamente incompleta.

El legislador, efectivamente, habla de mediación de manera expresa por primera vez en sede de suspensión de la pena, pero no especifica ni el tipo de mediación a la que se refiere la norma, ni el tipo de mediador que debe gestionar este tipo de conflictos.

Vamos a abordar en primer lugar las dos cuestioneos que nos plantea la norma:

1. ¿qué tipo de mediación es la mediación a la que se refiere la norma?

¿Debe llevarse a cabo por una mediación intrajudicial, por el equipo de expertos técnicos en la materia y especializados en penal dentro de ese citado proyecto piloto, o por el contrario puede realizarse una mediación extrajudicial por un profesional independiente conforme a la Ley 5/2012 sobre Mediación Civil y Mercantil?.

El legislador no lo aclara, por tanto sólo podemos hacer conjeturas.

Ahora bien, debemos advertir que la propia Ley 5/2012 en su artículo 2.2 a) excluye expresamente de su ámbito de aplicación la mediación penal, por lo que en un principio debería pensarse que la mediación a la que se refiere el artículo 84 del CP, debe realizarse necesariamente dentro de esos programas pilotos de mediación penal implantados por el CGPJ y que se están llevando a cabo por los diferentes Órganos Jurisdiccionales, por lo que parece que los acuerdos llevados a cabo por esos mediadores profesionales en el ámbito civil y mercantil no serían válidos.

Sin embargo, nada impide a las partes, ( víctima y victimario) en los casos en que sea legalmente posible y la Ley no lo prohíba expresamente ( recordemos que la Ley de Violencia de Género  prohibe expresamente la posibilidad de acudir a mediación), cuando se trate de delitos perseguibles a instancia de parte y simpre que no existan medidas cautelares que impidan a las partes reunirse, acudir a un mediador, profesional independiente, en los términos de la Ley de Mediación sobre asuntos Civiles y Mercantiles, para poder llegar a un acuerdo, resarcir, idemnizar a la víctima, o determinar ciertas obigaciones de hacer, no hacer o de reparación simbólica.

Por tanto, ante la falta de especificación de la norma , nada impide, (nada al menos lo prohibe de manera expresa) que las partes acudan a un mediador civil o mercantil en los supuestos antes mencionados ( delitos perseguibles a instancia de parte, supuestos no prohibidos por la Ley, inexistencia de medidas cautelares que impidan a las partes reunirse).

Cosa distinta sería que el delito fuera perseguible de oficio, en cuyo caso, dicho acuerdo, en nada vincularía al Ministerio Fiscal, que podría continuar el procedimiento.

Debemos advertir, sin embargo que hay un Anteproyecto de Código Procesal Penal, cuyos artículos 143 y 144,  regulan específicamente la mediación penal, y que en caso de aprobarse, obligaría a realizar este tipo de mediación en sede Judicial, por mediadores penales, y en delitos no perseguibles de oficio.

Por tanto, a modo de conclusión, a fecha de hoy, tras la reforma del CP y tal como se encuentra configurado el artículo 84 del CP en al actualidad, podemos hacer las siguientes afirmaciones:

A) que las partes pueden acudir a una mediación extrajudicial , siempre que el delito no sea perseguible de oficio, no exista medida cautelar que lo impida, y la Ley no lo prohiba expresamente.

b)Que nada impide, nada la prohibe ( pues el legislador no precisa) que esta mediación sea gestionada por un Mediador profesional independiente a que se refiere al Ley 5/2012 ( sobre asuntos civiles y mercantiles), aunque es altamente recomendable que se realice por un equipo multidisciplinar entre los que se encuentre un experto o especialista en Derecho Penal, o donde al menos el mediador tenga una formación suficiene en materia de Derecho Penal.

C) ¿cuáles serían los posibles efectos de esta mediación?

.-obviamente, la que ya hemos visto y citado anteriormente : posibilidad de que el Juez o Tribunal competente acuerde la SUSPENSIÓN de la EJECUCIÓN DE LA PENA

.-la aplicación de una ATENUANTE MUY CUALIFICADA

.- incluso en los delitos perseguibles a instancia de parte el DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL.

d) Con la Reforma del CP, debemos concluir que, si bien es positivo y plausible que introduzca y cite de manera expresa por primera vez la mediación penal en adultos y ello puede ser un nuevo impulso para la mediación , debemos insistir en que esta regulación es INSUFICIENTE.

Pasamos pues, a señalar algunas CRÍTICAS Y REFLEXIONES PERSONALES:

.-el legislador, como hemos señalado, hace una regulación insuficiente y vaga de la figura de la mediación: no señala el tipo de mediación a que se refiere ni los requisitos que debe cumplir el mediador que gestione este tipo de conflictos. Con lo que deja abierta la cuestión a numerosas interpretaciones como ya hemos señalado.

.-es cierto que apunta al principio de oportunidad, estableciendo que el Juez, a instancia del Ministerio Fiscal, en los delitos de escasa entidad, podrá acordar el SOBRESEIMIENTO. Aunque ello es ,de nuevo, insuficiente.

.-Es necesaria una nueva LEY DE MEDIACIÓN PENAL, con carácter urgente y necesario, en términos similares a la que ya se promulgó en el 2012 en materia civil y mercantil.

.- No cubre las necesidades de Justicia Restaurativa ( principalmente reparar y restaurar el daño moral y material de la víctima,  fomentar el diálogo entre vícitima y victimario), sigue siendo pues, una justicia retributiva.

.-Podía haberse llevado a cabo una reforma más completa y minuciosa, habida consideración de que el día 28 de este mismo mes de Octubre, entra en vigor el ESTATUTO DE LA VÍCTIMA.

.-la norma podía haber dado cobertura legal a esos proyectos pilotos de mediación penal que ya están implantados en prácticamente todas las CCAA y que funcionan con total eficacia y altos grados de satisfacción, que además de ayudar al ciudadano, descongestionan la Administración de Justicia y suponen un ahorro en litigiosidad y costes.

.-Y por último y para terminar, sería necesario implantar Servicios Profesionales Especializados en Mediación Penal que fueran públicos, profesionales y gratuitos, de manera similar a lo ya implantado en la mayor parte de Europa y que vendría a agilizar la Adminstración de Justicia.

Continuará : Segunda Parte: sobre Mediación Familiar, y Custodia Compartida: nuevas políticas legislativas y tendencias jurisprudenciales en materia de custodia compartida.

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Nuestra compañera Miriam Guardiola durante la ponencia

Fotografías vía:  Miriam Guardiola Salmerón.

Jornadas de Derecho y Mediación

Mediación y Derecho Penal tras la Reforma del Código Penal

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